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Si bien los liberales elogian a Uruguay por las medidas que tomó para regular la marihuana, cuyas normas entran en vigencia esta semana, con sus intentos de controlar el consumo de otra planta legal, el tabaco, ganó poderosos enemigos, reseña Benedict Mander en The FInancial Times.

La tabacalera Philip Morris demandó al diminuto país sudamericano por u$s 2.000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD), en lo que se convirtió en el primer grupo que se enfrenta a un país en un tribunal internacional.

También está en juego la reputación de Uruguay como uno de los mejores lugares para invertir en la región. Philip Morris está presentando sus argumentos ante el CIAD, donde asegura que el país conocido como “la Suiza de Sudamérica” ha violado condiciones del tratado de inversión bilateral firmado con la verdadera Suiza, donde el grupo tiene su casa central en Lausanne.

La mayor tabacalera del mundo, cuyos ingresos anuales de u$s 77.000 millones en 180 países supera el PBI de Uruguay, que es de u$s 50.000 millones, asegura que una ley anti-tabaco de 2009 perjudica los derechos de propiedad intelectual y redujo sus ventas. Este caso podría sentar jurisprudencia para la industria.

El presidente José “Pepe” Mujica buscaría apoyo del presidente estadounidense Barack Obama cuando hoy se reúnan en Washington. Mujica, ex guerrillero que pasó años en una celda de aislamiento, también discutirá si Uruguay recibirá prisioneros de la Bahía de Guantánamo. “Es irónico que por un lado Uruguay esté facilitando el consumo de marihuana y al mismo tiempo tome medidas contra el tabaco”, aseguró un ejecutivo del sector.

Pero John Walsh, experto en drogas de la Oficina de Washington sobre América latina, sostiene que los esfuerzos de Uruguay para regular las industrias de marihuana y tabaco son coherentes. “Con el tabaco están poniendo en vereda una industria legal que está acostumbrada a operar con escaso control, mientras que con la marihuana están sacando de la sombra a una industria y sometiéndola a un mejor control”, aseguró.

Sin embargo, hubo reacciones contrapuestas en la comunidad internacional y en la ONU en particular; y la Organización Mundial de la Salud elogió la campaña uruguaya. El país se convirtió en el primero en prohibir múltiples submarcas de cigarrillos en 2010, y ya en 2006 había vedado el cigarrillo en los lugares públicos cerrados. Pero cuando fue legalizó el proceso desde el cultivo hasta el consumo de marihuana en diciembre, la Junta Internacional de Control de Narcóticos criticó su “actitud pirata” por ir en contra de sus convenciones, pese a ser elogiado en otros lugares por buscar alternativas a la “guerra contra las drogas”, que según algunos líderes latinoamericanos ha fracasado.

Philip Morris, que también presentó acciones legales contra regulaciones en Australia y Tailandia, se opone a los requisitos de la ley anti-tabaco uruguaya que exigen que las advertencias sobre la salud cubran el 80% de ambos lados del paquete de cigarrillos, y que las marcas tengan una imagen, por lo que prohibe submarcas como Marlboro Red.

“Debajo de todo esto está el deseo de controlar todo” aseguró Daniel Radío, un legislador independiente. Si bien está a favor de la legislación del cannabis, critica la naturaleza prohibitiva del sistema uruguayo, al cual llama “anti-liberal”. Se refiere al requisito de estar registrado para comprar marihuana en farmacias controladas por el estado.

Philip Morris no expresa interés por producir cigarrillos de marihuana en Uruguay, si bien representa un mercado vanguardista junto con los países que permiten el uso de marihuana medicinal como Canadá.

La legislación de marihuana en los estados norteamericanos de Colorado y Washington está creando una industria de cannabis regulada, y ya hay fondos de inversión focalizados en la sustancia que están a la espera de entrar en un mercado que se estima tendrá ventas por u$s 2.600 millones este año.

El gobierno uruguayo recibirá solicitudes de hasta seis licencias para que las empresas cultiven la droga comercialmente para su venta en farmacias controladas por el estado. Se espera que refleje el precio del mercado negro, que se abastece mayormente con producción ilegal proveniente de Paraguay.

El presidente paraguayo Horacio Cartes se opone a la legalización del cannabis en su país. “He visto ex compañeros del secundario sufrir y morir por los efectos de la marihuana, contó.

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