Por 384 votos a favor, 174 en contra y 56 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre el mercado digital aparentemente inocua pero que pone en jaque el exitoso modelo de negocio de Google, una compañía estadounidense que se ha expandido en numerosas y lucrativas actividades comerciales a partir de su dominio absoluto de las búsquedas en internet (más del 90% de cuota de mercado en la UE), reseña Bernardo de Miguel en Cinco Días.
El documento, impulsado por eurodiputados alemanes de uno y otro lado del espectro político, pide a la Comisión que “estudie propuestas que desvinculen los motores de búsqueda de otros servicios comerciales” como medida para recuperar la competencia en un mercado que, en el caso de Europa, se encuentra copado por Google.
La medida, de llevarse a cabo, podría obligar a Google, en el mejor de los casos, a segregar sus actividades comerciales en Europa a una compañía separada de la gestión del buscador. En el peor, si la prohibición de combinar varios negocios es total, podría forzar al buscador a deshacerse de áreas tan esenciales para su modelo como la gestión de los anuncios digitales.
La separación estructural o la prohibición de entrar en ciertas áreas de negocio son medidas extremas de la política de competencia pero que tienen precedentes.
Escalada
– El choque entre Bruselas y Google comenzó en 2010 con una investigación por presunto abuso de posición dominante.
– Joaquín Almunia, comisario de Competencia hasta hace un mes, intentó resolver el conflicto por la vía amistosa.
– Alemania y Francia sabotearon el acuerdo entre Google y Almunia, alarmadas, entre otras cosas, por las revelaciones de Snowden. El caso se enconó desde entonces.
A nivel europeo, por ejemplo, Bruselas impuso en el sector energético la separación obligatoria entre las actividades de generación, transporte y distribución. La norma puede afectar a compañías extraeuropeas, como ha comprobado el gigante ruso Gazprom, expedientado desde hace mees por la CE por no respetar esa separación.
En Estados Unidos también hay precedentes. En los años 1980 Washington desmembró AT&T para generar competencia en el mercado de telecomunicaciones. Y libró una batalla legal de más de una década para combatir el creciente dominio de IBM en el mercado informático.
El texto aprobado por el Parlamento también marca una escalada en la ofensiva de Europa, con Berlín a la cabeza, contra Google, a pesar de que la resolución no nombra expresamente al buscador.
La primera consecuencia, según pronosticó el grupo parlamentario Popular (el mayor de la cámara), será que Bruselas acelere la investigación abierta desde 2010 contra Google por presunto abuso de posición dominante, que podría entrar ahora en la vía de sanciones con el envío de un pliego de cargos contra Google.
Pero la resolución aprobada del Parlamento muestra que una parte de las instituciones europeas ya no se contenta con multar a Google y prefiere una solución estructural que frene la expansión de una compañía que copa también el sistema operativo del 60% de los teléfonos móviles europeos.
Las implicaciones económicas, políticas y de seguridad de un domino tan absoluto abren el camino hacia una intervención legislativa dirigida expresamente contra Google.
Como primera posibilidad, algunos parlamentarios, como el conservador alemán Andreas Schwab (CDU) sugieren la aprobación de un Reglamento que obligue a Google a garantizar la neutralidad comercial de sus resultados.
Y en último extremo, quedaría la escisión de Google, decisión delicada porque podría tensar las relaciones entre Bruselas y Washington.
La UE exige un derecho al olvido total
A Google se le multiplican los frentes abiertos en Europa y a la investigación por presunto abuso de posición dominante se suman las sospechas sobre su fiscalidad en Europa o las consecuencias de la sentencia del Tribunal de la UE que obligó al buscador a respetar el derecho al olvido de los internautas.
La semana pasada, las autoridades de protección de datos de la UE han pedido la aplicación a rajatabla de esa sentencia, que desde mayo de 2014 (a raíz de un caso español) reconoce el derecho de un usuario a pedir la supresión de ciertos enlaces ligados a su nombre y apellidos, por considerar que pueden dañar injustificadamente su imagen o reputación.
Google acató inmediatamente la sentencia y en las primeras atendió decenas de miles de peticiones. Pero la compañía se limitó a suprimir los enlaces en los dominios europeos de sus buscadores y no en los generales como los .com. Las autoridades de protección de datos, que se reúnen en el llamado “grupo de trabajo artículo 29” reclamaron el miércoles que la supresión de los enlaces sea general, porque anular solo los existentes en los dominios europeos equivale, según su opinión, a sortear el verdadero sentido de la sentencia.
Esta pretensión de Bruselas, según algunos analistas, puede incurrir en extraterritorialidad, al intentar extender el alcance de un veredicto europeo. En todo caso, el conflicto es otro ejemplo de que el choque entre Google y Europa está dejando atrás la fase técnica y legal para entrar en un terreno global. La nueva deriva es potencialmente mucho más peligrosa para el buscador. Y puede enturbiar las relaciones entre Bruselas y Washington en un momento en que ambas partes negocian un Tratado para crear el mayor área de libre comercio del planeta.
