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General Motors Co. pagará US$900 millones para resolver cargos criminales en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el manejo inapropiado de un defecto en un interruptor de encendido que obligó a llamar a reparaciones a millones de vehículos y que estuvo relacionado con más de 100 muertes.

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El acuerdo, anunciado el jueves, ayudará a poner fin a un frente de la crisis de seguridad que ha enlodado la recuperación de GM de su bancarrota, reducido sus reservas de dinero y mancillado su reputación entre los consumidores.

GM no hizo comentarios inmediatos al respecto.
Los fiscales federales en Nueva York acusaron a la automotriz de fraude electrónico y conspirar para ocultar información a un regulador del gobierno en relación con el interruptor defectuoso, según información presentada por la fiscalía de Manhattan.

Además de la multa, caracterizada por el gobierno como una renuncia a “ganancias ilícitas”, GM acordó someterse a auditorías independientes de seguridad por hasta cuatro años. No se acusó a ningún ejecutivo.

La automotriz aceptó un acuerdo de enjuiciamiento diferido, bajo el cual el gobierno buscará descartar el caso en tres años si la compañía cumple los términos del acuerdo.

El acuerdo con los fiscales se presenta luego que GM, por más de una década, no llamara a reparación a vehículos con un interruptor defectuosos, pese a indicaciones de que representaba un problema mortal. Los fiscales alegan que GM sacó al problema de sus conductos regulares, cuando este quedó en evidencia en 2012, para ganar tiempo para gestionar el problema. A consecuencia de esto, los reguladores no fueron alertados del problema, tal como lo requiere la ley federal.

Los fiscales aún investigan a empleados específicos, pero el prospecto de cargos criminales en contra suya se ha reducido a medida que ha avanzado la investigación, según fuentes al tanto.

La crisis de seguridad opacó años de ganancias y un resurgimiento después de la reestructuración por bancarrota de 2009. GM ha registrado más de US$25.000 millones en ganancias en los cinco años y medio terminados en junio, con ventas de camionetas de altos márgenes y todoterrenos en auge en medio de bajas de interés y gasolina a bajos precios.

No obstante, los fiscales probablemente serán criticados si no presentan cargos criminales contra empleados de GM. La semana pasada, funcionarios del Departamento de Justicia emitieron un comunicado en el que codificaban las políticas anunciadas en 2014, que buscan dar prioridad a las investigaciones de individuos en las empresas antes de conseguir acuerdos financieros con las compañías.

El memorando alentaba a los fiscales a presentar cargos contra ejecutivos en los acuerdos con las empresas y recomendaba que sólo consideraran que una empresa había cooperado en una investigación si esta entregaba información sobre empleados de la firma. Desde la crisis financiera de 2008, tales declaraciones rara vez han resultado en cargos criminales para los ejecutivos.

Además de fraude electrónico, el Departamento de Justicia investigó si GM ocultó intencionalmente el defecto a la corte de Manhattan ante la que buscó la protección por bancarrota, como parte de un rescate de US$50.000 millones en 2009. Los fiscales no pudieron encontrar evidencia de que la automotriz cometió fraude de bancarrota, el cual requiere que se demuestre que se retuvo información intencionalmente.

GM reveló el defecto a principios de 2014, desatando audiencias en el Congreso, demandas e investigaciones del gobierno. La presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra y otros funcionarios de la empresa ya han sido, o serán, entrevistados por los abogados participantes en demandas consolidadas en una corte federal en Nueva York.

La compañía resolvió los problemas de seguridad y terminó llamando a reparación a más de 26 millones de vehículos, un récord, en 2014.