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Hace apenas poco menos de un año, Luiz Lima votó a la presidente en ejercicio de Brasil, Dilma Rousseff, quien accedió a su segundo mandato de cuatro años. Ahora, cree que debería iniciarse juicio político a la exguerrilla marxista, señala Joe Leahy en el Financial Times.

DILMA-ROUSSEFF
Lima dio su apoyo a Rousseff, y su Partido de los Trabajadores (PT), dado el énfasis que estos ponían en los programas sociales. Pero desde que Rousseff fue reelecta, la economía más grande de Latinoamérica se hundió en la recesión, los programas de bienestar social están bajo la amenaza de un ajuste fiscal, y el PT y su coalición gobernante están inmersos en el que se considera el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil en la petrolera estatal Petrobras.

Mientras encuestas de opinión revelan que dos tercios de los brasileños, como Lima, apoyan el inicio de un proceso de juicio político contra Rousseff, una de las democracias más grandes, aunque joven, enfrenta una prueba crítica.

Brasil alguna vez estuvo entre los países grandes de crecimiento más rápido, por ejemplo, cuando en 2010 crecía 7,5% a la par de China. Este año se espera que su economía caiga 2,8%. En 2016, se espera que baje otro 1%, conforme a una encuesta del banco central de analistas de mercado.
Los problemas del país están afectando los mercados, no solo en Brasil, sino también en otras economías emergentes. Su moneda, el real, cayó a un mínimo histórico intradía, en comparación con el dólar, de R$ 4.2479 la semana pasada a causa de preocupación por la gestión fiscal de Rousseff y la incertidumbre política.

“Las fluctuaciones del tipo de cambio en mercados emergentes del mundo revelan un importante contagio de Brasil”, sostuvo el Société Générale en una nota.

El asunto para los políticos brasileños es saber si afectaría al país destituir a una presidente electa simplemente por no ser popular, incluso incompetente, sin que se le haya comprobado la comisión de un delito. La mayoría de los analistas creen que para destituir a Rousseff mediante un juicio político sus oponentes deberán demostrar que manipuló el presupuesto nacional con el fin de ocultar un creciente déficit fiscal para mantener a su partido en el poder, o que estuvo directamente implicada en casos de corrupción.

Dado que gran parte del Congreso quedó salpicada por el escándalo de Petrobras, también se plantea si cualquier reemplazo de Rousseff tendría la legitimidad para administrar la medicina amarga -tal como aumentos de impuestos para equilibrar el presupuesto sobrecargado- que precisa la economía en problemas de Brasil.

“Es una decisión muy seria en un sistema democrático, es una intervención en la voluntad del votante”, afirma Joaquim Falcão, profesor de la facultad de derecho FGV Direito Rio, en relación con el proceso de juicio político. El riesgo es que, de no haber un fundamento sólido, un juicio político podría afectar la reputación de Brasil de construir instituciones firmes. “Debemos enviar el mensaje a los inversores externos de que la situación se está resolviendo conforme a la ley”, sostiene Falcão.

Los conspiradores
El moderno edificio del Congreso de Brasilia es conocido por sus dos estructuras con forma de bol en su techo, con las torres gemelas del Senado de fondo.

No es tan sabido que debajo del edificio hay un vasto complejo subterráneo. Aquí es donde cientos de funcionarios corretean por los angostos pasillos entre las oficinas de los 513 diputados del y 81 senadores del Congreso que representan 28 partidos.

Cuando el PT pisaba fuerte, la mayoría de estos partidos estaban dichosos de asociarse con el gobierno. Ahora que Rousseff está en el tapete, abandonan un barco que se hunde, sostienen los líderes de la oposición.

En su oficina, Carlos Sampaio, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el principal partido opositor, se desespera haciendo números para que el juicio político sea posible. A principios de mes, él y otros partidos de la oposición apoyaron una iniciativa de un miembro fundador devenido en disidente del PT, Hélio Bicudo, para presentar ante el Congreso una petición de juicio político a Rousseff.

En la petición se acusa a la presidente de retocar las cuentas públicas para lograr balances presupuestarios aceptables en términos políticos. El TCU, el tribunal de cuentas del país, ha criticado estos “trucos” de contabilidad. Rousseff niega cualquier irregularidad.

Sampaio cree que tiene los 257 votos necesarios para dar inicio a un proceso de juicio político. La próxima meta sería que la Cámara de Diputados vote solicitando al Senado que comience el “juicio” formal de la presidente. Sampaio y sus aliados precisarían una mayoría de dos tercios, o 342 bancas, para lograr su cometido.

“Los titulares de los diarios y la televisión serán: ‘Comienza el juicio político contra Dilma’. Después, nadie podrá frenarlo, entre la presión de la población y la esfera política, confiamos en que será posible”, afirma Sampaio. El proceso podría resolverse para fin de este año, sostiene, si bien este plazo parece ambicioso.

Sin embargo, sería clave que en el Congreso se debata en qué medida un juicio político debería guiarse por factores legales y en qué medida por la política. Sampaio sostiene que el asunto es 90% político. El hecho de que el TCU ya haya identificado irregularidades en las cuentas públicas es suficiente, afirma, sin que se hayan presentado cargos formales contra la presidente.

Los expertos en derecho constitucional están de acuerdo. Si el Congreso quiere iniciar un juicio político a un presidente, puede hacerlo. El único presidente que enfrentó un juicio político desde que en 1984 la democracia volvió a Brasil luego de la dictadura militar, Fernando Collor, fue acusado de corrupción, pero nunca se lo condenó.
“La ley es muy abierta”, afirma Oscar Vilhena Vieira, director de FGV Direito São Paulo. “Si el Congreso quiere usarla con fines políticos, lo hará”.

Los problemas de Rousseff
Muchos legisladores creen que la presidente cometió suficientes errores que garantizan un reto de liderazgo. Rousseff atribuye los problemas económicos a factores externos tales como el fin del súper ciclo de las commodities. Pero los críticos afirman que su gobierno se equivocó al implementar controles de precios y un torpe programa de estímulo durante su primer mandato que dejó las finanzas públicas sumidas en el caos. Desde su reelección en octubre pasado, Rousseff cambió drásticamente a un programa de austeridad, lo cual llevó a una baja en la calificación crediticia de Brasil a “basura” en el índice Standard & Poor’s.

“Brasil tendrá tres años consecutivos de crecimiento económico negativo, como no sucede desde fines de la década de 1920”, afirma Aécio Neves, presidente del PSDB, en su despacho del Senado.

Políticamente, Rousseff también cometió errores, sostienen los críticos. Al inicio de su segundo mandato, enajenó al aliado de la coalición del PT, el PMDB, una agrupación poco estructurada de políticos regionales más motivados por el clientelismo que por la ideología, al no compartir más poder. Esto llevó a la abierta enemistad de sus miembros, sobretodo el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, líder del PMDB.

Igualmente perjudicial fue la pérdida de la imagen “limpia” de Rousseff, que quedó manchada por la presunta corrupción en Petrobras y la acusación contra varios políticos de la coalición de colaborar con exdirectores y contratistas de la empresa para cobrar sobornos y coimas. Si bien no fue acusada de participación directa, Rousseff era directora de la empresa cuando tuvo lugar gran parte de los supuestos actos de corrupción. Este mes, el tesorero del PT, João Vaccari Neto, fue condenado a 15 años de prisión por su participación en el escándalo, lo que plantea nuevas interrogantes sobre si las finanzas de la campaña del partido se vieron comprometidas por el escándalo. El asunto se está investigando.

“Si esto ocurrió, el mandato de la presidente y el vicepresidente podrían ser anulados”, afirma Neves, hecho que daría lugar a nuevas elecciones presidenciales. El PT niega cualquier irregularidad.

El problema para los que destituirían a Rousseff es cómo unirían al país una vez concluido el proceso. Cunha, que se apartó del gobierno, sostiene que el proceso de juicio político no debe tratarse como una “tercera vuelta” de las elecciones del año pasado. Está concebido para castigar la mala conducta presidencial, no la impopularidad, insiste. “Si se dan las condiciones jurídicas necesarias, se hará”, añade.

Los partidarios del juicio político querrían evitar una batalla prolongada que podría paralizar la formulación de políticas y volverse en contra de ellos dado lo débil que está la economía. Neves afirma que, en el caso de un juicio político, su partido estaría dispuesto a dejar que el opositor PMDB tomase la delantera y a prestarle apoyo desde el Congreso. “En un gobierno del PMDB, defendería el retorno del crecimiento… sin ninguna promesa de participar en el gobierno”, dice.

Aún no se sabe si con esto bastará para evitar el juicio político. Muchos analistas dan a Rousseff una oportunidad de más de 50% de supervivencia, al tiempo que reconocen que un proceso de juicio político podría cristalizar rápidamente, y sepultar su presidencia.

La inconsistencia de Rousseff en materia de política económica, especialmente en los esfuerzos para recuperar las finanzas públicas, podría dar lugar a la partida de Joaquim Levy, su ministro de finanzas formado en la Universidad de Chicago. Respetado por los mercados, su salida podría desatar otra costosa venta masiva de reales, perjudicando a las corporaciones brasileñas con deuda externa, lo que provocaría mayor inflación y enfurecería a los ciudadanos comunes.