EDICION No 34 de agosto – septiembre de 2012.
Por Estrella Peinado-Vara, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo.
SOBRE LA AUTORA
Estrella Peinado-Vara. Es especialista del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con una maestría en Gestión y Dirección de Comercio Exterior de la Universidad de Murcia,
España, y un MBA de la Universidad de Georgetown, Washington DC, Estados Unidos.
Al examinar la situación de la responsabilidad social y ambiental de las empresas en Latinoamérica es difícil generalizar por diversos motivos. En primer lugar existen grandes diferencias económicas, sociales y culturales entre las diferentes subregiones. México, Centroamérica, El Caribe,
la región Andina y el Cono Sur comparten muchas cosas pero las separan muchas otras. Del mismo modo ocurre entre los países que las forman y a esto se le une la variedad de los temas que trata la RSE, los distintos enfoques que se pueden tener hacia ellos y la complejidad de los problemas sociales y ambientales a los que se enfrenta Latinoamérica.
Este artículo trata, en primer lugar, de la evolución de las prácticas sociales y ambientales de las empresas, desde la filantropía empresarial más tradicional pasando por la ciudadanía corporativa hasta llegar a los comportamientos responsables como parte de la estrategia empresarial desde la óptica de América Latina. También se abordan algunas de las peculiaridades de la RSE en Latinoamérica en cuanto a temas, instrumentos y asuntos relevantes, incluidas las que la distinguen de otras regiones, especialmente de Europa.
La evolución de la RSE
Latinoamérica parte de una tradición filantrópica corporativa que ha ido poco a poco evolucionando hacia una responsabilidad social más activa, tanto hacia dentro como hacia fuera de la empresa. Históricamente, gran parte de la acción social del sector privado en Latinoamérica
ha estado basada en creencias religiosas y ético-morales de carácter individual. Eso se debe principalmente al gran peso de las empresas familiares donde propiedad y gestión van unidas.
Las actividades empresariales de carácter filantrópico se caracterizan por ser prácticas que no están vinculadas a la actividad central de la empresa y no requieren una gran inversión.
La empresa no aporta más que recursos financieros que en su mayoría apuntan a favorecer a algunas de las partes interesadas (stakeholders), pero que no son necesariamente las que tienen mayor incidencia en el negocio. Las consecuencias de estas actividades, por lo general, no repercuten más allá de adquirir cierta buena reputación e imagen, y siempre y cuando se logren comunicar convenientemente.
A. Filantropía, ciudadanía corporativa y RSE.
Las actividades empresariales filantrópicas tienen su lado bueno y su lado malo. Lógicamente, desde el punto de vista social, el colectivo que recibe una donación o una aportación en especie se ve beneficiado a corto plazo. En algunos casos se trata simplemente de una ayuda para dar el necesario primer paso. De esta manera, no se construyen las capacidades necesarias para la autosuficiencia, además de que, desde el punto de vista social, esto puede no ser sostenible e incluso se pueden crear relaciones de dependencia nada recomendables. Éste sería el caso, por ejemplo, de las comunidades remotas donde se establece una empresa extractiva. Por lo general se llevan a cabo actividades con la comunidad y, en menor medida, con los recursos humanos.
Esto sucede por la naturaleza y la ubicación típica del negocio. En ocasiones, cuando no existe un plan que tenga en cuenta, entre otras cosas, la sostenibilidad en el tiempo de las actividades que se apoyan (sin los recursos de la empresa); o estrategias de salida, para cuando la empresa deje de operar en la zona, las comunidades pueden llegar a depender en exceso de la empresa y esto puede llegar a ser un elemento de crítica para la propia empresa. Así planteado, lo que pretendía ser una ayuda se convierte luego en un problema para todos.
Las empresas y empresarios han contribuido con sus recursos a las causas más variadas. No obstante, esto es sólo un comienzo, porque en general es una donación desarticulada y sin relación con la estrategia de la empresa, que puede no ser sostenible desde el punto de vista económico. Para las empresas son también un arma de doble filo, porque al igual que pueden ayudar a mejorar su imagen pueden destruirla si no están respaldadas por buenas conductas empresariales. Las empresas se exponen a ser acusadas de llevar a cabo ciertas actividades con el único fin de lavar su imagen. En definitiva, las actividades filantrópicas se caracterizan por la posibilidad de crear valor social y por su limitación para crear valor económico tanto en la empresa como fuera de ella.
Precisamente es la necesidad de llevar a cabo una buena conducta empresarial lo que nos lleva a la ciudadanía corporativa. Se trata de ser un buen vecino o, por lo menos, un vecino que no moleste.
Este término es el primer paso hacia la RSE. Se trata de minimizar el impacto negativo en la sociedad y el medioambiente. La empresa, particularmente en países con economías emergentes como es el caso de la mayor parte de Latinoamérica, se desenvuelve en un entorno donde ejerce una gran influencia. Las comunidades donde operan buscan en las empresas el liderazgo para la solución de muchos de sus problemas. Sin pretender que el sector privado substituya el papel del Estado, o que se convierta en la fuente de todas las soluciones, la ciudadanía corporativa supone llevar a cabo las operaciones respetando al resto de los actores en la sociedad, comportándose como una buena ciudadana y, de esta manera, contribuyendo a mejorar, o al menos a no empeorar, la calidad de vida de la población y del medio ambiente cuyos recursos consume para poder llevar a cabo su actividad.
La RSE se encuentra un paso más allá; es una versión más elaborada que forma parte de las actividades empresariales y tiene en cuenta las consecuencias sobre las distintas partes interesadas.
Se incorporan asuntos sociales y ambientales en la estrategia empresarial de forma integrada.
A través de estas prácticas responsables, llevadas a cabo como un elemento más de gestión de la empresa, se pueden conseguir mejoras competitivas que dan lugar a mayores beneficios. Al mismo tiempo, se contribuye a influir sobre las condiciones del entorno (al contribuir a una sociedad mejor y mayor estabilidad) que a su vez repercute positivamente en las operaciones.
B. ¿Qué ocurre en Latinoamérica?
Existen asuntos que son comunes a todo el mundo como el medioambiente, derechos humanos, trabajo infantil y forzado y condiciones laborales mínimas. Sin embargo, una vez abordados estos temas, las prioridades de América Latina son diferentes a las de Europa o Estados Unidos. Los asuntos laborales en esta región no están suficientemente tratados por la mayoría de las legislaciones nacionales (comparados con Europa) por lo que se convierten en un tema prioritario.
El alto nivel de desigualdad en el ingreso hace que las prácticas de negocios de inclusión sean también urgentes para llegar hasta los más pobres y vulnerables de forma práctica y efectiva (no paternalista). Hay países en los que ciertos sectores dominan la esfera económica, y lógicamente de la RSE, como es el caso de la minería en Chile y Perú, o donde un conflicto social y la necesidad de afrontarlo con la ayuda del sector privado dominan fuertemente, como sucede en Colombia.
El avance de la RSE requiere que se den ciertas condiciones. Estas condiciones son básicamente las mismas que hacen que exista un buen clima de negocios: un marco regulatorio y fiscal óptimo
y mercados financieros e instituciones que funcionen, entre otros. Es evidente que aún existen muchas dificultades que hacen que la RSE evolucione más lentamente que en otros lugares del mundo, como son una menor capacidad institucional, una gobernabilidad corporativa más débil, un clima de negocios menos favorable y una escala de negocios menor. Algunos mercados de capitales están relativamente poco desarrollados con lo cual asuntos como el gobierno corporativo no surgen como prioridad. A pesar de ello también existen iniciativas como las de Novo
Mercado en BOVESPA (Bolsa de Valores de Brasil) que requiere cumplir una serie de condiciones de gobernabilidad que también da cabida a algunos temas de sostenibilidad en la gestión.
En cuanto al marco regulatorio, como se mencionó anteriormente al hacer referencia a las dificultades en Latinoamérica, en algunos casos existe legislación en temas como la conservación ambiental, prácticas laborales, protección de los derechos del consumidor, gobernabilidad corporativa
y ética en los negocios, pero, sin embargo, es difícil forzar su cumplimiento y, además, muchas veces su alcance es muy limitado. Algunos de los países que han realizado reformas legales relacionadas con la gobernabilidad corporativa y el mercado de valores son Brasil, Chile,
México y Argentina.
Desde el punto de vista de gestión no se han desarrollado completamente herramientas e índices de desempeño en RSE que muestren el argumento empresarial en su totalidad. Es indiscutible que se producen beneficios empresariales pero la relación de causalidad completa todavía es difícil de establecer y, por tanto, de convencer a todos. La idea errónea de que este tipo de prácticas es un gasto y no una inversión que ofrece retornos en el corto, mediano o largo plazo, ha llevado a muchos empresarios a subestimar la RSE. Sin embargo, han empezado a surgir en algunos países de la región metodologías adaptadas a las realidades nacionales que reflejan mejor la situación empresarial y social local para convencer. Este es el caso de algunos instrumentos desarrollados por algunas de las instituciones destacadas como los indicadores del
Instituto Ethos de Brasil, una versión de los indicadores del Instituto Ethos traducidos a español y adaptados por IARSE, indicadores para Centroamérica, el manual de indicadores de RSE de la
Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED) en Costa Rica, así como modelos de gestión de RSE para Pymes como el desarrollado por la red Foro Empresa o Deres en Uruguay. Sin embargo,
la aplicación práctica es todavía limitada.
C. El sector privado responsable
A pesar de estas dificultades en Latinoamérica, parte del sector empresarial se está dando cuenta de la necesidad de un sector privado responsable. En la región se dan tres condiciones que favorecen el desarrollo de un sector privado responsable. En primer lugar las empresas y líderes empresariales. La presencia de multinacionales preocupadas por la sostenibilidad financiera, social y ambiental que mantienen los estándares de su casa matriz. En este caso se adaptan modelos importados y en ocasiones se exportan, como es el caso de las prácticas responsables con los recursos humanos de Danisco en Brasil. Algunos líderes empresariales, que con tesón han apostado por la RSE y la necesidad de tener en cuenta a las partes interesadas a la hora de tomar decisiones empresariales, son elementos definitivos para el avance de la RSE. En segundo lugar, empresas que por sus comportamientos irresponsables han sufrido consecuencias muy negativas y se han dado cuenta de la necesidad de ser responsables tras sufrir una situación delicada (boicots, litigios, desastres ambientales, etc.). En tercer lugar, un gran esfuerzo de promoción por parte de la sociedad civil, organizaciones empresariales y multilaterales. La existencia de instituciones de promoción de la RSE que, con esfuerzo, y con el apoyo de algunos líderes visionarios, continúan con la labor de diseminación de la RSE. Estas tres condiciones descritas (empresas y empresarios responsables, empresas irresponsables e instituciones de promoción) siguen siendo insuficientes y las empresas latinoamericanas tienen todavía mucho margen para mejorar en cuanto a actividades sociales y ambientales responsables.
Unido a este último punto, desde finales de los ‘90 han surgido numerosas organizaciones que están avanzando en la promoción de la RSE. Confluyen organizaciones de carácter global como la World Business Council for Sustainable Development, con capítulos nacionales en casi todos los países de América Latina, o la Business for Social Responsibility[5] (BSR), centrado en Estados
Unidos y uno de los impulsores de la creación de la organización paraguas en las Américas llamada Foro Empresa, formada por 19 organizaciones que representan a Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Estado Unidos, Uruguay y Venezuela.
Una de las organizaciones más reconocida en la región es el Instituto Ethos en Brasil (www.ethos.
org.br) fundada en 1998 y con más de 1.300 compañías miembro que representan aproximadamente
el 35% del PIB de Brasil. Durante estos años ha liderado la investigación produciendo materiales de gestión e indicadores y motivando al sector privado a ser más responsable. Ha tenido un éxito considerable sobre todo entre las empresas más grandes. Otro de los actores que inició pronto sus actividades, en este caso en México, fue el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) (www.cemefi.org), también creado en 1988, que cuenta con más de 700 organizaciones miembro y que ha evolucionado desde un enfoque puramente filantrópico a abordar el concepto desde la responsabilidad de las empresas hacia todas sus partes interesadas. Además de éstas, existen otras muchas organizaciones. Entre las más conocidas están IARSE en Argentina (www.iarse.org), AccionRSE (www.accionrse.cl) en Chile, Perú 2021 (www.peru2021.org) en Perú, CentraRSE (www.centrarse.org) en Guatemala y Fundemas en El Salvador (www.fundemas.org).
Esta última es otra de las organizaciones pioneras en la región que ha liderado los esfuerzos de indicadores comunes de RSE para Centroamérica.
Algunas de estas instituciones se han visto apoyadas por algunos esfuerzos multilaterales por parte del Banco Mundial, Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que a través de su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha promovido las prácticas responsables a través de investigaciones, publicaciones y apoyo financiero para el fortalecimiento institucional y la implementación de prácticas responsables, sobretodo en
Pymes. En el caso del BID destacan las actividades de promoción como las Conferencias Interamericanas sobre RSE que se celebran anualmente desde 2002 y las investigaciones y publicaciones sobre la situación de la RSE en las Pymes y microempresas latinoamericanas, casos empresariales en Latinoamérica y la contribución de las empresas al desarrollo económico equitativo.
El BID/FOMIN ha financiado unos quince proyectos de fortalecimiento institucional y construcción de capacidad local así como de implementación de RSE en Pymes en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.
Además, se unen iniciativas globales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC-United Nations Global Compact), los Principios del Ecuador (Equator Principles) y Global Reporting Initiative
(GRI)[11] con relativamente bastante éxito entre el sector empresarial interesado en el tema.
Estas iniciativas tienen ciertas limitaciones como instrumentos por su naturaleza no vinculante, ser de adopción voluntaria y no conllevar una verificación efectiva. Sin embargo se ha demostrado su eficacia como instrumentos de promoción para poner el tema de la RSE y la contribución del sector privado al desarrollo equitativo sobre la mesa. Todas estas organizaciones e iniciativas tienen dos objetivos que son, por un lado, buscar el impacto positivo en la competitividad empresarial y, por el otro, la construcción de sociedades más equitativas.
D. Códigos de conducta, lineamientos para un comportamiento empresarial responsable e informes de sostenibilidad.
Además de las iniciativas mencionadas en el párrafo anterior, existen algunos códigos de conducta que sí son certificables como el SA8000, emitido por Social Accountability International
(SAI) o AA1000, emitido por AccountAbility. En el caso del SA8000, fue desarrollado por
Société Générale de Surveillance (SGS) en colaboración con Council for Economic Priorities (CEP) y lanzado en 1998 como una certificación social global auditada que permite a las empresas gestionar y certificar sus actividades con un énfasis en responsabilidad social pero centrado únicamente en condiciones laborales de los centros de trabajo (plantas y otras instalaciones). En el caso del AA1000AS, se trata de un marco de principios, estándares y lineamientos que además incluye una cualificación profesional para la auditoría de procesos y reportes que tienen que ver con una gestión sostenible.
Global Reporting Initiave (GRI) es un conjunto de principios para elaborar memorias de sostenibilidad que tienen como finalidad definir el contenido de esas memorias y garantizar la calidad de la información divulgada. También incluye los denominados “Contenidos básicos”, que están formados por los indicadores de desempeño y otros apartados, así como una serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados con la elaboración de memorias. Se trata de un buen modelo de referencia aunque requiere un grado de sofisticación en la información a reportar que resulta difícil de seguir para la mayoría.
En cuanto a la implementación de códigos de conducta certificables como el SA8000, o empresas que elaboran informes anuales de sostenibilidad utilizando los indicadores de GRI, Latinoamérica no se encuentra precisamente a la cabeza. En ambos casos destaca muy por encima
Brasil. Según datos de SAI, en septiembre de 2009, 124 plantas en Latinoamérica estaban certificadas
SA8000, de un total mundial de 2.093. Brasil destaca con 102 plantas certificadas, seguido muy de lejos por Argentina con 4 y de Bolivia y Perú con 3.
El caso de las organizaciones que reportan bajo GRI es similar. En 2009, de un total mundial de
1.285, 166 fueron las organizaciones de Latinoamérica que realizaron informes de sostenibilidad utilizando en mayor o menor grado los lineamientos facilitados por GRI. De estas 166, tienen su sede central en Brasil 67 organizaciones, seguidas de 36 en Chile y 17 en Colombia. Según datos de GRI, en Latinoamérica reportaron un 45% más de organizaciones que en 2008 (114 en
2009) y cabe destacar el gran incremento experimentado por Chile, que duplicó el número de organizaciones reportando bajo GRI (en 2008 reportaron 17), y Colombia, que casi triplicó esta cifra (en 2008 reportaron 6 organizaciones).
Existe una tendencia en otras regiones del mundo, como Europa, hacia la verificación de los informes de sostenibilidad donde el 30 % de la información que se publica cuenta con una verificación externa. Sin embargo, esta tendencia no es tan clara en el caso para Latinoamérica.
Aunque el crecimiento anual de los reportes que se verifican es de un 22%, Latinoamérica se encuentra, junto con Norteamérica y África, con solamente unos 30 reportes anuales en 2007 que fueron verificados externamente. Esto equivale a un 20% del total de reportes publicados en la región.[16]. No quiere decir que no se publiquen informes de sostenibilidad en las Américas sino que simplemente no se comprueba externamente que la información divulgada sea veraz.
En cualquier caso, Brasil destaca como abanderado también en la verificación de reportes.
Si miramos los sectores que verifican reportes en Latinoamérica, el sector papelero y forestal ha emitido en el período 1997-2007 un total acumulado de 45 informes de sostenibilidad de los cuales se han verificado un 33% (por encima de la media mundial del sector que se encuentra en 20%). Esta misma tendencia sigue el sector de telecomunicaciones latinoamericano, con un acumulado de 37 reportes de los cuales el 30% ha sido verificado externamente frente al 29% de la media del sector global. La otra cara de la moneda la encontramos en los sectores minero y metales que, aunque acumula 93 reportes en estos diez años, solamente el 5% de ellos fue verificado frente al 18% de la verificación que el sector tiene globalmente; o el sector de petróleo y gas que, con 35 reportes, solo ha verificado un 17% de ellos, frente al 35% del sector en el mundo.
El caso de la popularidad del Pacto Mundial de Naciones Unidas en la región es sorprendente.
El Pacto Mundial consiste en diez principios que deben regir el comportamiento empresarial de aquellos que se adhieren a él sobre protección de los derechos humanos, estándares laborales, medioambiente, transparencia y anticorrupción. Estos principios están basados en convenciones y declaraciones de seis agencias de la ONU.
Si tuviéramos que medir la popularidad de la RSE en Latinoamérica según el número de organizaciones que pertenecen al Pacto Mundial, sin duda alguna diríamos que es una región con un sector empresarial muy responsable con la sociedad y el medioambiente. Sin embargo, sabemos que esto no es del todo cierto. Un análisis más profundo revela que la distribución entre los países se concentra en unos pocos con 224 empresas miembro en México, seguida de de 212 en Brasil y 141 en Argentina. Estas cifras son consistentes con el tamaño y dinamismo del sector privado en estos países, sin embargo Chile ocupa el séptimo lugar entre estos 13 países, después de, por ejemplo, República Dominicana y Panamá. Si observamos las cifras de España, Estados Unidos y Canadá vemos que el 9% de las empresas firmantes son españolas, comparadas con el 4.23% y el 0.03% de empresas estadounidenses y de Canadá. Definitivamente las cifras no terminan de ser coherentes. La explicación se podría encontrar en varios aspectos. Primero, debe señalarse que en algunos países ha habido fuertes campañas que han resultado todo un éxito y, en segundo lugar, debe tenerse en cuenta un aspecto un tanto contradictorio: en algunos países las empresas se unen al Pacto porque, en principio, es algo relativamente fácil y no es vinculante para realizar ninguna acción específica. En Estados Unidos, por ejemplo, parece que las empresas, a pesar de la naturaleza voluntaria y no-vinculante, temen las implicaciones que podría tener la adherencia en cuanto a litigios, demandas, etc., fruto posiblemente de un Estado de Derecho que funciona a la perfección para algunas cosas.
Si además analizamos cuántas de las empresas adheridas están al día desde el punto de vista de comunicar sus actividades observamos que del total de ellas , en Latinoamérica un 32% se encuentra bajo la categoría de “No Comunicador”, es decir, no han enviado en el plazo estipulado
la Comunicación de Progreso (COP del inglés Communicating of Progress) que debe ser presentada por primera vez durante los dos años posteriores a la adherencia al Pacto, y una vez al año después de esta primera comunicación. Un 18% de las empresas en Latinoamérica han sido declaradas como “Inactivas” al seguir sin entregar ésta información después de tres años de adherirse al Pacto o de un año desde la última comunicación. A priori no parecen porcentajes muy negativos pero si comparamos con el total mundial resulta que de las empresas que pertenecen al Pacto Mundial que han sido declaradas “Inactivas” en el mundo el 35% se encuentran en Latinoamérica, cuando su participación no llega al 20%. Es decir que las empresas de la región firman pero luego no cumplen lo pactado en un porcentaje mayor al de otras regiones. Las cifras son similares para las declaradas “No Comunicador”.
Además de los códigos de conducta, las certificaciones y las iniciativas globales existen también iniciativas sectoriales. En el sector financiero destacan los Principios del Ecuador, que plantean un marco de actuación para las instituciones financieras firmantes sobre políticas internas, procedimientos y estándares en temas sociales y ambientales relacionados con operaciones de financiamiento de grandes proyectos (project finance). Se aplican a todas las operaciones por encima de 10 millones de dólares y el prestatario debe cumplir con estas políticas que están basadas en los estándares de desempeño en sostenibilidad social y ambiental de la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Entre las instituciones financieras firmantes
(67 al 16 de abril de 2009) se encuentran Banco Bradesco, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco do Brasil, Banco Galicia, Banco Itaú, Bancolombia, Corpbanca o Unibanco, así como también BBVA, que tiene una fuerte presencia en la región. En el caso de los Principios del
Ecuador, a diferencia de otras iniciativas como el Pacto Mundial o GRI, que solamente suponen no aparecer en la lista de firmantes/usuarios, cada institución financiera contempla un sistema de seguimiento propio. El desafío se encuentra en encontrar la forma de poder incluir también aspectos ambientales y sociales en su análisis de riesgo en créditos comerciales y operaciones más pequeñas y reforzar otros aspectos de transparencia y gobernabilidad (causantes en parte de la situación económica global).
E. Asuntos relevantes para la región.
Las prioridades para las empresas y las expectativas de las partes interesadas en Latinoamérica son similares a las de los países desarrollados pero no exactamente las mismas. Existen temas universales como el medioambiente, los derechos humanos, condiciones laborales y trabajo forzado que cobran mayor importancia, si cabe, en países en desarrollo. El tema medioambiental y cambio climático cobra una relevancia especial en el caso de economías emergentes como
las de Latinoamérica, puesto que se da un crecimiento paulatino de la actividad económica y
productiva (en condiciones normales) que no se ve acompañada con una legislación medioambiental
que crezca al mismo ritmo, y al mayor uso de recursos naturales.
1. Medioambiente
En el caso del impacto ambiental, algunas grandes empresas han tomado iniciativas para reducir
las emisiones dañinas o el consumo de recursos energéticos e hídricos. Este es el caso de CEMEX, aunque se trata más de una excepción que de la norma general. Como empresa multilatina productora
y distribuidora de materiales de construcción y cemento (que opera en más de 50 países en las Américas, Europa, Asia y Oriente Próximo) sus operaciones tienen un impacto medioambiental muy significativo en emisiones de CO2, uso intensivo de energía, impacto de las canteras, transporte y otros procesos. La compañía ha desarrollado un sistema de gestión de la sostenibilidad que incluye usar materiales sustitutivos que necesiten de menos energía en su proceso, apelar a energías alternativas (biomasa, reutilización de residuos como aceites, disolventes y neumáticos)
y renovables (eólica) y búsqueda de métodos que ahorren el consumo de energía.
En el mismo campo medioambiental, un tema relevante para países como Brasil y Colombia es la pérdida de biodiversidad. Natura en Brasil es una compañía de cosméticos e higiene personal (con un sistema de venta directa a través de vendedores en más de 5.000 ciudades de Argentina,
Chile, Perú, México, Venezuela, Colombia y Francia). La empresa busca contribuir al desarrollo sostenible enfocándose en la conservación ambiental y la biodiversidad. Una de sus características
es el uso de productos naturales, comprando parte de sus inputs en condiciones de comercio justo y de origen orgánico, pagando una prima de 15 % como media.
2. Oportunidades económicas para los excluidos
Otra área de trabajo (empujada por la necesidad de encontrar soluciones a la pobreza y la exclusión que sufre la mayoría de la población en Latinoamérica) es la inclusión de las poblaciones pobres y vulnerables en las cadenas de valor de empresas de mayor tamaño. Se trata de encontrar una solución basada en la creación de oportunidades económicas para grupos que, con cierto apoyo, pueden suministrar bienes y servicios a las empresas. Por su parte, las empresas apoyan a estos grupos y mejoran aspectos empresariales como el abastecimiento desde lugares cercanos, mejora de la calidad de los productos y servicios; y la periodicidad más estable del suministro.
Con los grupos pobres y vulnerables, que no tienen acceso a servicios básicos como agua, energía, educación, salud y recursos financieros, existen también oportunidades comerciales, puesto que las infraestructuras son muy deficitarias y el Estado no alcanza a proveerlas. En este caso es conveniente enfatizar el enfoque de inclusión y el desarrollo de modelos en aquellos productos
y servicios que sean estratégicos para contribuir a mejorar la vida de estas personas, y no tanto en buscar simplemente el potencial del mercado en la base de la pirámide per se (que puede llevar a un mayor endeudamiento de la población, por ejemplo, o a un consumo innecesario).
Como ejemplo, GrupoNueva destaca por un enfoque completo hacia la sostenibilidad, muy vinculada al desarrollo de negocios con la base de la pirámide para luchar contra la pobreza y la exclusión. Destacan, por ejemplo, las iniciativas de Masisa, empresa del grupo que con ayuda del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID apoya la capacitación para la construcción y ensamblaje de muebles especialmente diseñados para hogares de muy bajos recursos, que además generan empleo entre los mismos grupos a través de la fabricación y el montaje.
Otro ejemplo es el Grupo Bimbo que ha desarrollados junto a otras empresas soluciones para mejorar el acceso a finanzas de millones de personas colaborando con su red de distribución (mas de 45 mil puntos de venta) a facilitar el trabajo e información de los oficiales de crédito de FinComún en México. Esto ha supuesto no sólo el acceso a recursos para muchas familias sino el acceso a salud, educación y mejoras en sus hogares, contribuyendo a mejorar su nivel de vida.
3. Condiciones laborales
La legislación laboral en muchos países de Latinoamérica puede resultar insuficiente por lo que la gestión responsable de los recursos humanos y asegurar condiciones de trabajo, seguridad y salarios dignos cobran especial importancia. Algunos casos de trabajos forzados y en régimen de casi esclavitud, empleo de mano de obra infantil o condiciones laborales extremas en algunos sectores muy intensivos en mano de obra han puesto encima de la mesa la necesidad de prácticas justas y responsables con los trabajadores. No solo por la repercusión en la imagen de las empresas, los sectores y los países, sino también por razones de productividad. Además, la falta de provisión de algunos servicios básicos por parte del Estado, como puede ser educación y salud, hace que en algunos casos las empresas necesiten ampliar sus funciones por su propio bien si quiere tener recursos humanos disponibles que estén sanos y formados. Volkswagen en Brasil creo clínicas de atención primaria en salud en sus plantas, lo que redujo considerablemente el absentismo laboral.
Ingenios Pantaleón mejoró las condiciones laborales y facilitó el alojamiento para los trabajadores temporales, la mayoría desplazados en la temporada de zafra. En este asunto se han dado mejoras pero sin duda alguna es uno de los aspectos que permitiría mayores mejoras y posiblemente tendrían el mayor impacto y efecto multiplicador en el bienestar de la población de Latinoamérica.
4. Las Pymes
Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que participan en las economías de la región son, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan en Latinoamérica, socialmente responsables, quizás de una forma diferente a las empresas de mayor tamaño. No las llaman RSE pero realizan prácticas responsables dentro y fuera de las empresas. Son activas principalmente con las comunidades y los recursos humanos y en menor medida en actividades que tienen que ver con el medioambiente, con alguna excepción de ahorro de consumo de recursos (agua y energía)
Según una investigación del BID, casi el 60% de las empresas medianas (entre 50 y 250 empleados) y el 40% de las pequeñas (entre 1 y 50 empleados) declararon un alto nivel de participación (según un índice sintético elaborado) en iniciativas internas, relacionadas con los recursos humanos y los proveedores. Las actividades más comunes giran en torno a horarios de trabajo y facilitar tiempo para capacitación y, en menor medida, a temas relacionados con las políticas de transparencia y gobierno corporativo y supervisión/apoyo a proveedores. La motivación parte de la necesidad de mejorar los beneficios vía una mejor satisfacción laboral, seguida por creencias religiosas y cumplimiento de normas legales.
Entre las Pymes también se pueden observar casos interesantes en estas áreas.Valle del Maipo
Chilean Fruit es un consorcio chileno del sector agrícola dedicado a la exportación de frutas. En
2006 facturaba casi cuatro millones de dólares y exportó más del 20% de su producción. Como parte del programa la empresa decidió trabajar sobre tres ámbitos: gobierno corporativo, calidad de vida laboral y comunicación organizacional. Como resultado, pudo afianzar sus mercados en Europa e identificar nuevos nichos, mejoró la productividad y calidad de algunos frutales; redujo costos de producción y laborales (por menor rotación por mejora de las condiciones y disminución de accidentes) y mejoró la relación con los proveedores.
En El Salvador, DISA es una empresa constructora establecida en 1984, dedicada al mantenimiento de carreteras, construcción de viviendas y contratos generales, que en 2007 facturó
5,3 millones de dólares y contaba con 107 empleados fijos. La empresa trabaja con clientes públicos y privados localizados en todo el territorio salvadoreño tales como la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y FOVIAL. DISA implantó un enfoque integral de gestión de RSE con especial énfasis en la seguridad laboral y los recursos humanos.
Estas prácticas responsables internas han tenido un impacto positivo sobre la capacidad de la empresa para generar nuevos negocios y aumentar sus ingresos, así como sobre su capacidad para disminuir sus costos operativos y financieros. De esta manera ha forjado una reputación que se ha traducido en un aumento del 60% del volumen de invitaciones recibidas para participar en licitaciones privadas; un aumento del 100% del volumen de ventas y un aumento de la realización de obras de mayor valor añadido. Ha logrado una reducción de costos operativos y de gestión de riesgos al aumentar la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento normativo que ha supuesto una disminución del número de multas por incumplimiento de la normativa laboral.
En el caso de las actividades externas, alrededor del 22% de las medianas y el 11% de las pequeñas empresas también declararon niveles altos de acción. Se entiende como externas principalmente las iniciativas con los clientes y las comunidades. El caso de Confecciones Clabeck es un ejemplo de colaboración cercana con el cliente. Se trata de una empresa mexicana del sector textil y confección dedicada a la fabricación de camisetas estampadas que facturó como promedio 4,4 millones de dólares y contó con 144 empleados en plantilla en 2007. La empresa sirve a clientes nacionales, entre otros, Wal-Mart, Coca-Cola/FEMSA y Grupo Modelo y exporta entre un 3 y 5% del total de sus ventas a grandes marcas como Nike, Adidas, Guess, Tommy Hilfiger, Old Navy, Nautica, Polo Jeans, Calvin Klein o Reebok. Su relación de negocio con una de sus clientes clave, Coca-Cola, se centra en el aprovisionamiento de camisetas y otros productos textiles. El proyecto de implementación de un modelo de gestión de RSE en Confecciones Clabeck ha generado un impacto que redundó en beneficios tangibles, al permitirle, a partir de diferentes prácticas, aumentar el volumen de ingresos y reducir sus costos operativos y financieros.
Vemos que el sector privado responsable se puede encontrar en empresas grandes y, en pequeñas; en el sector servicios, manufacturero y agrícola; en países de renta media y países de renta menor. En definitiva, es aplicable y rentable de muchas formas, sólo hay que encontrar el modelo oportuno de implementación en cada caso.
F. La RSE. ¿Es igual en Europa?
Pues no, en realidad no es igual ni dentro de un mismo país, pero, si comparamos con Europa, las diferencias son notables. En primer lugar, el nivel de desarrollo del mercado en general (instituciones, incentivos, marco legal, etc.). En particular la legislación es un factor a tener en cuenta, ya que lo que en América Latina puede ser considerado una práctica modelo de RSE en temas laborales, es el mínimo legal en otros países más desarrollados. En general la existencia del Estado de bienestar, instituciones fuertes y supranacionales de peso (Unión Europea) cambian el panorama y las circunstancias de manera sustancial.
Las circunstancias sociales y ambientales derivadas de un desarrollo económico desigual también influyen. En Europa, las empresas, la sociedad civil y el Estado pueden cumplir con sus responsabilidades más fácilmente, mientras que en América Latina el sector privado tiene que hacerse cargo de algunos asuntos que quizá no le corresponde asumir pero que no puede evitar para poder tener un entorno favorable (formación, educación, sanidad, acceso a servicios básicos).
Otro asunto es la presión que pueden realizar las partes interesadas, que por lo general va muy unida al grado de desarrollo y el activismo legítimo de las partes interesadas. En Europa, además de existir una tradición de economía social donde las empresas, el gobierno, la sociedad civil y los sindicatos tienen cada uno su espacio reservado y participan activamente de la mayoría de los procesos de toma de decisión, todos estos actores son más fuertes que en Latinoamérica.
Las instituciones en general son más fuertes, la sociedad civil puede actuar como portavoz de los ciudadanos (o de algunos colectivos) y existen mecanismos de control. Sin embargo, precisamente por esto, en países menos desarrollados las expectativas que se tienen sobre las empresas son mayores. Se espera que las empresas solucionen algunos asuntos que por definición no les corresponde (acceso a servicios básicos, educación, seguridad, etc.) y éstas no tienen más opción, para poder seguir operando, que ser creativas y poner en marcha iniciativas que solucionen fallas del mercado o, mejor dicho, fallas del Estado.
Según unos datos no publicados del BID las partes interesadas se perciben todavía como débiles a la hora de ejercer presión a las empresas para que sean más responsables. Solamente un
13% de las empresas encuestadas no sienten presión de sus clientes, financiadores o la sociedad civil para actuar de forma responsable. El desglose por tamaño es del 20% de empresas grandes, el 15% de empresas medianas y el 10% de empresas pequeñas
Es curioso pero en el caso de las Pymes, las diferencias no son tan grandes si comparamos a las
Pymes del sur de Europa (España, Portugal, Italia y Francia) con las de Latinoamérica. Sin entrar en más detalles puesto que este tema será cubierto en otros artículos, las diferencias radican fundamentalmente en las situaciones sociales tan diferentes a las que se enfrentan. Las Pymes en Latinoamérica apoyan iniciativas de educación y a poblaciones pobres y vulnerables mientras que las
Pymes europeas se centran más en actividades culturales y deportivas porque los demás asuntos (educación, salud, pobreza, etc.) están relativamente bien cubiertos por el Estado de bienestar.
G. Políticas públicas.
Las políticas públicas específicas sobre RSE en Latinoamérica son prácticamente inexistentes.
Sin embargo, las políticas que serían más necesarias deberían ir encaminadas a la promoción y a la creación de incentivos para que las empresas tengan un comportamiento social y ambientalmente responsable. Se debería conservar el carácter voluntario de la RSE, sin olvidar que hay asuntos de base que solucionar: derechos humanos, trabajo infantil, polución, mercados financieros que funcionen, etc.
Básicamente el papel del sector público debería ser, por un lado, poner en marcha las medidas necesarias para agilizar el clima de negocios, y, una vez que esto suceda, crear o facilitar los incentivos para un comportamiento responsable, que sea el propio mercado el que exija a las empresas (a través de los consumidores, los financiadores, los empleados y la sociedad civil) ser responsables.
Sin duda un asunto a resolver en Latinoamérica es el fortalecimiento de la sociedad civil y la creación, con el apoyo del Estado, de oportunidades de diálogo entre las partes. De este modo se podría contribuir también a mejorar la imagen del sector privado en muchos países (a veces con razón, otras sin ella).
H. Cómo promover la RSE en la región.
Es posible que existan diferentes enfoques a la hora de promover la RSE en Latinoamérica y el
Caribe pero si se trata de convencer a los empresarios o gerentes de empresas nada mejor que utilizar el argumento empresarial. En otros artículos se trata el tema en detalle pero en una línea podemos apuntar que un comportamiento empresarial responsable tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados.
La RSE no es sólo rentable, es necesaria para mejorar la competitividad de las empresas y contribuir a mejorar la vida de muchas personas. En situaciones económicas desfavorables aparece una oportunidad única para pensar qué provocó la situación por lo que Latinoamérica no puede ignorar los temas de transparencia y gobernabilidad corporativa. Asimismo, se debe utilizar la RSE como un instrumento para mejorar la competitividad empresarial a la vez que se alivia el impacto que la crisis haya podido tener en la sociedad (o la contribución del sector privado al desarrollo equitativo). Desde el sector privado, las asociaciones empresariales gozan de una posición privilegiada para impulsar los comportamientos empresariales responsables desarrollando ejemplos y a través de actividades de promoción y formación de personal clave en las empresas. Las empresas, por su parte, además de apoyar las iniciativas de las asociaciones empresariales a las que pertenezcan, pueden ejercer un rol de liderazgo, mostrando al resto que la RSE “funciona” además de exigir compartimientos responsables a sus proveedores, distribuidores y otras empresas que se encuentren en su cadena de valor.
Latinoamérica se enfrenta a una serie de obstáculos que impiden un mayor desarrollo de la RSE.
Esas dificultades son básicamente las mismas barreras que existen para el desarrollo del sector privado (instituciones débiles y clima de negocios). A esto se agrega una legislación que no acompaña y la falta de convencimiento o escepticismo sobre los beneficios empresariales de las prácticas responsables.
Con la finalidad de superar la barrera del escepticismo es necesario transmitir convenientemente el mensaje del argumento empresarial, posiblemente más que en otros lugares. Primero, porque a pesar de los tratados de libre comercio que hay o los esfuerzos de integración todavía no existe una integración económica fuerte ni instituciones o sistemas centralizados integrados que ayuden a promover las ventajas desde el punto de vista empresarial de la RSE en el ámbito regional. Segundo, por el gran peso de la tradición filantrópica y los motivos éticos y religiosos, que todavía predominan, especialmente en Pymes. Numerosos ejemplos muestran que no importa el sector, el tamaño o la problemática social. Las empresas deben encontrar su propio modelo de implementación de la RSE para que sea rentable. Inevitablemente la RSE en América
Latina es diferente a la de Europa, igual que es diferente entre los países latinoamericanos porque se enfrentan a realidades muy distintas.
El tejido empresarial de Latinoamérica no puede ignorar los problemas que suponen la falta de infraestructura, la debilidad de las instituciones y un clima de negocios no del todo conducente.
Produciendo bienes y servicios de forma responsable se puede contribuir a aliviar alguna de estas deficiencias, o al menos contribuir a cierta estabilidad social que influya en estos elementos de fondo.
Es indudable que estos conceptos cobran cada día más fuerza pero todavía queda mucho por hacer en todos los ámbitos: promoción, implementación, seguimiento y medición en las empresas, en el sector público y en el sector social. En economías emergentes, como lo son la mayor parte de las de los países de Latinoamérica, el sector privado (con el empuje y el apoyo del sector público y el sector social) tiene en sus manos capacidades y herramientas que debe utilizar para generar riqueza y a la vez contribuir al desarrollo equitativo. Un sector privado responsable es la mejor garantía de progreso para la región.
