Los accionistas se están convirtiendo en los ejes de cambio de culturas corporativas en temas tan diversos como la protección de bosques tropicales y derechos humanos.
Ahora, tan solo la amenaza de una votación de accionistas puede ser suficiente para convencer a los ejecutivos de una compañía de sentarse a dialogar, destaca la analista Emiley Chasan.
En lo que va del año, temas de medio ambiente y sociales han conformado 56% de las propuestas de los accionistas, la mayoría por primera vez, según la firma Ernst & Young LLP. En los dos años previos, solo representaban el 40%, lo que significa que los accionistas están votando cada vez más sobre emisiones de gas con efecto invernadero, gasto político y derechos laborales.
Aunque esas propuestas usualmente no acaparan titulares como los cambios que impulsan los inversionistas activistas, sus promotores usualmente logran persuadir a las empresas de que cedan un poco.
Las propuestas “en realidad tienen la intención de captar la atención de la gerencia”, dice Thomas DiNapoli, contralor del estado de Nueva York, quien supervisa el Fondo Común de Jubilación de Nueva York, que supervisa US$160.700 millones. “La rentabilidad sostenible y responsable es muy, muy importante para nosotros”.
DiNapoli presentó 65 resoluciones en el último año, y usualmente consigue que las empresas acepten sus pedidos antes de someterlos a votación. Hace poco, persuadió a la cadena de supermercados Safeway Inc. que fabrique productos de aceite de palma producido en formas que no dañan los bosques tropicales. En febrero, en respuesta a sus pedidos y los de otros accionistas, la empresa de telefonía AT&T Inc. publicó su primer “informe de transparencia” sobre solicitudes que recibió de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y agencias del orden de información de clientes y registros de llamadas.
En ambos casos, retiró sus pedidos después de que las empresas acordaran hacer cambios.
Este año, las propuestas que más se repiten son los llamados a que las empresas revelen sus contribuciones a campañas políticas y esfuerzos de lobby, según un análisis de Ernst & Young. El año pasado, por el contrario, las propuestas estuvieron dominadas por temas más corporativos, como eliminar los términos escalonados de los miembros de las juntas directivas.
Lo más sorprendente son los resultados. Casi 80% de las empresas en el índice S&P 500 ahora revelan por lo menos alguna información sobre sus contribuciones políticas, según el Centro de Responsabilidad Política. Alrededor de 53% publica informes de sustentabilidad, según el Instituto de Gobierno y Responsabilidad, que incluyen temas como uso de energía y estándares laborales, y casi 22% tiene normas de derechos humanos, según el Conference Board, un grupo de investigación privado.
A medida que los inversionistas ganan batallas en algunas compañías, esperan que eso presione a otras a ceder. Exxon Mobil Corp. acaba de publicar su primer informe de riesgo ambiental, que explica si cambios en la regulación de emisiones podrían impulsarla a abandonar reservas de gas y crudo de alto costo. Exxon dijo que confía en que ninguna de sus reservas de hidrocarburos quede paralizada. Arjuna Capital, una firma de inversión que se concentra en sustentabilidad, hizo el pedido y está circulando el acuerdo con Exxon como ejemplo en otras petroleras donde tiene solicitudes similares pendientes.
Por supuesto, las resoluciones medioambientales y sociales generalmente no son vinculantes y puede que nunca sean sometidas a votación. Las empresas pueden descartarles por tecnicismos, y cerca de 30% son retiradas después de que sus promotores llegan a acuerdos con las compañías.
Usualmente, las propuestas ecologistas o sociales que se someten a votación reciben un 21% de los votos de los accionistas frente a 33% de las propuestas generales, dice EY.
“Estamos llegando a un punto en el que las compañías no solo escuchan a un accionista, sino que lo hacen porque creen que es lo correcto para la empresa”, dice Timothy Smith, director de Walden Asset Management, una firma de Boston que ha presentado pedidos a empresas para que revelen sus gastos políticos.