La plataforma Airbnb, que se dedica al intercambio y alquiler de alojamientos particulares en muchas de las grandes capitales del mundo, se sentará hoy en el banquillo de los acusados.
Lo hará en la Corte Suprema de Nueva York, donde se juzgará si su actividad económica cumple con los requisitos legales de dicho estado.
Según publica Wall Street Journal, la justicia podría llegar a tardar semanas en pronunciarse respecto a la legalidad de la actividad de la compañía en uno de sus mercados más importantes, la Gran Manzana.
El rotativo estadounidense asegura que la compañía mantiene, desde hace tiempo, una “amarga disputa” con el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, respecto a la legalidad de sus actividades en la zona, donde la ley prohíbe a los particulares alquilar a terceros sus viviendas por períodos menores a treinta días, a no ser que ellos permanezcan también en las mismas. El equipo de Schneiderman asegura que alrededor del 64% -es decir, dos tercios- de los 19.522 alojamientos que Airbnb gestiona en Nueva York no cumplen con esta normativa.
Para el responsable de políticas públicas de Airbnb, David Hantman, esto es una interpretación sesgada de la ley neoyorquina, que se aprobó en 2010 y que, a su parecer, nunca fue redactada para regular la actividad de particular que quisieran alquilar sus casas de forma ocasional.
La situación se antoja complicada para Airbnb: cualquier dictamen en su contra podría tener un efecto disuasorio sobre aquellos usuarios de la plataforma que ya mantenían dudas sobre la legalidad de sus actividades.
Al mismo tiempo, a pesar de que desde diversos sectores se reclama, desde hace tiempo, que los arrendadores de Airbnb comiencen a pagar algunos impuestos locales –propuestas de este tipo se han realizado en Portland y en San Francisco-, organismos hoteleros como la Asociación de Hoteles de Nueva York se niegan en redondo.
“Nos oponemos al pago de cualquier tasa o impuesto por parte de los usuarios o anfitriones de Airbnb, porque eso contribuiría a legitimar su negocio”, ha declarado el presidente de la asociación, Geoffrey Mills, quien cree que “ellos no constituyen una organización hotelera que opera de forma legal”.
El dictamen de la Corte de Nueva York sentará un precedente respeto a la forma en la que las autoridades locales miren, desde ahora, a Airbnb, pero no es el primer episodio de este tipo que se produce entre la economía colaborativa y otros actores más, digamos, convencionales.