La indignación y las bromas corren en forma paralela en medios y redes sociales tras el destape de uno de los más grandes escándalos empresariales en Chile: el llamado “cartel del confort”, destacan Paula Molina desde Chile para BBC Mundo.
Las empresas CMPC y SCA se pusieron de acuerdo de forma ilícita para fijar los precios y repartirse el mercado del papel con fines domésticos, incluyendo servilletas, pañuelos desechables y faciales, toallas de papel y papel higiénico, que en Chile se conoce popularmente por la marca “confort“.
involucrados usaron métodos típicos de los delincuentes para intentar tapar el delito
“Que vuelva el bidet” y “Nuestra democracia de papel” son algunos de los comentarios en la red, además de las obvias referencias escatológicas vinculadas al papel higiénico.
El “cartel del confort” operó por una década, entre los años 2000 y 2011, y abarcó al 90% del mercado de este tipo de papel, estimado en unos 400 millones de dólares. El papel higiénico es uno de los artículos que determina el Índice de Precios al Consumidor e ilustra el costo de vida de las familias chilenas.
La Fiscalía Nacional Económica comenzó a investigar los eventuales delitos en diciembre del 2014. Para septiembre del 2015, las dos empresas ya se habían autodenunciado, acogiéndose al sistema de “delación compensada” previsto en la ley chilena.
Métodos insólitos
El cartel se desarrolló pese al repudio general que causaron en Chile otros dos casos de colusión empresarial -pactos ilícitos-, el de las farmacias, descubierto el 2008, o la colusión de los pollos descubierta el 2011, que afectó al 80% de la oferta de carne de pollo en el país.
Una de las empresas involucradas, la CMPC, es una de las más antiguas y principales empresas chilenas y tiene negocios en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Pertenece al Grupo Matte, uno de los tres principales conglomerados económicos chilenos. La misma empresa enfrentó una acusación de colusión en el mercado de los pañales en Colombia. Debido a que se acogió a la delación compensada, no recibirá multa en Chile.
La otra acusada, SCA, operaba al momento de la colusión bajo el nombre de PISA, y era representada por Gabriel Ruiz Tagle, quien fue ministro durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ruiz Tagle la vendió a la sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget en el año 2012. Debido a que SCA se denunció después, será multada con 15,5 millones de dólares.
Golpe al empresariado chileno
El escándalo también ha golpeado la imagen del empresariado chileno, que durante los últimos meses ha reivindicado su rol público en medio del debate por las reformas del gobierno de Michelle Bachelet.
La ley chilena penaba con cárcel la colusión hasta el año 2003, cuando se derogó esa sanción y se sustituyó por otras como multas o clases de ética. En marzo el gobierno presentó un proyecto de ley que repone la pena del presidio, a pesar de la oposición del empresariado.
Los principales gremios del rubro, SOFOFA y CPC, han salido a condenar y repudiar la colusión del papel.
Bachelet acusó la colusión como hecho de máxima gravedad que atenta contra la libre competencia y afecta al bolsillo de las familias.
Por su parte, el director nacional del Servicio al Consumidor, Sernac, Ernesto Muñoz, dijo que los consumidores también tienen el derecho a ser compensados.
“Que ni al baño puede ir uno tranquilo ya”, fue una de las frases más socorridas en las redes sociales chilenas, para reafirmar el pesimismo generalizado ante la corrupción empresarial.
